Un Mensaje al Pueblo Nicaragüense

por Paul Martin, Director del Instituto Henry George de Managua

Nicaragua es un país soberano. Supuestamente, el pueblo nativo con derecho de ciudadanía es dueño soberano sobre sus territorios, sus recursos naturales, y todos sus poderes de monopolios estratégicos (como son los servicios básicos). Según la constitución de Nicaragua, pero más importante, según el derecho natural fundamental de naciones, reconocido desde tiempo inmemorial, el poder soberano de un pueblo soberano no se puede entregar de ninguna manera a poderes ajenos del pueblo, como son gobiernos o intereses privados extranjeros o nacionales. Es el deber sagrado de un gobierno democrático de defender y administrar equitivament la soberanía nacional del pueblo para el beneficio de todo el pueblo. Cualquier acto de gobierno que va en contra de este principio constituye la traición y ese gobierno pierde en el acto su autoridad de gobernar bajo el acuerdo social que lo estableció.

Ahora, miremos el caso de Nicaragua. ¿No es obvio qué está pasando aquí? Por imprudencia, o por interés personal, o por mera incompetencia, los gobiernos, desde el cambio de 1990, poco a poco han abandonado el principio de la defensa y administración responsable de los derechos soberanos del pueblo, y paso a paso han entregado el poder soberano nacional al control de intereses extranjeros y/o nacionales privados.

¿Pero quién tiene la culpa de permitir este proceso? Es la gente enterada, la gente responsable, los que comprenden que está pasando. Tal vez hasta ahora, nadie se ha ofrecido un análisis coherente para llamar la atención a este proceso de traición del pueblo. La mayoría se queja, no está de acuerdo con los sufrimientos que viven, propone varios planes inadecuados para enfrentar la siempre creciente crisis, pero hasta ahora, ninguna voz seria ha informado al pueblo de la traición de la soberanía que está desenvolviéndose ahora en este país. Ahora, cada persona que lea este resumen de asesoramiento (o simplemente sabe de ello), se convertirá en responsable por todo lo que pasa a este país de ahora en adelante porque aquí se revela todo la verdad de la situación, y en una democracia, los que están informados pero no participan son tan culpables que los que activamente traicionan los sagrados deberes entregados por el sufragio.

He aquí la mitad de la sencilla verdad: El poder de cobrar el valor expresado en el precio de venta o de alquiler perteneciente al acceso y control de territorios nacionales (propiedades de tierra), recursos naturales (agua, minerales, petróleo, bosques, flora y fauna natural, radio frecuencias, etc.), y servicios de naturaleza monopolistas (luz, agua, comunicaciones de todo tipo) es un poder exclusivamente comunal, que el gobierno, en su sagrado deber, tiene que guardar y administrar exclusivamente para el uso e inversión pública comunal. La canalización de este valor ("renta económica") de la tierra-recursos del país a manos privados, especialmente extranjeros, constituye una desviación y traición del poder soberano nacional. Así que, la privatización del control sobre el valor de monopolio (renta económica) de los servicios básicos, de las radiofrecuencias, y de las tierras del país, viola plenamente los principios constitucionales del país.

Ahora, la otra mitad de la verdad que el pueblo necesita saber para poder ejercer su responsabilidad democrática para reclamar sus verdaderos derechos soberanos: Mientras reconocen que el territorio nicaragüense, sus recursos naturales, y sus poderes monopolistas naturales (servicios básicos necesarios a la vida y participación social) tienen que ser administrados como propiedad comunal del pueblo, el gobierno del pueblo tiene que reconocer y defender, al mismo grado, el derecho humano individual a la verdadera propiedad privada: el trabajo y el fruto del trabajo, sean servicios o productos físicos. Tanto como el acceso a la tierra y sus oportunidades naturales es un igual derecho humano comunal, la propiedad absoluta del fruto del trabajo (la riqueza en todas sus formas creado por el esfuerzo humano) es un igual derecho humano individual.

Ninguna ley humana puede abrogar ni el derecho comunal de igual acceso a la tierra, ni el derecho individual exclusivo al fruto del trabajo. Cualquier violación de estos principios constituye una violación de los derechos soberanos comunales y de los derechos humanos individuales.

El gobierno puede reconocer este corriente error estructural (o acto de corrupción y traición), y corregirlo por medio de la aplicación de un solo impuesto sobre el valor de tierras y monopolio natural. Este cambio quiere decir la abolición de todo impuesto estatal (imposición comunal) sobre las actividades privadas de producción, comercio e inversión que ocurren en el país. Este proceso puede ser implementado en etapas paso por paso, por ejemplo, sobre un período de 3 años en que se incrementa el impuesto sobre el valor de la tierra en un 30% cada año mientras se eliminan la equivalencia de impuestos sobre la producción.

Con este sencillo remedio económico, el pueblo nicaragüense puede recuperar el poder soberano comunal y liberar la producción nacional de su virtual esclavitud económica que sufre hoy día. El resultado sería increíblemente positivo para la economía y bienestar social de todo el país. Los fondos públicos incrementarían cada año de acuerdo de a la creciente actividad económica y valor de tierras y monopolios sujetos al impuesto. La economía popular sería estimulada por la eliminación de los impuestos anti-productivos (como es la ventaja hoy en las Zonas Francas) y el mayor acceso a las tierras más productivas cerca a los centros económicos (ya no rentable la especulación en tierras debido al solo impuesto sobre el valor de la tierra). Todo ciudadano o residente sería convertido en un productor con mayor poder adquisitivo y se vería la estable acumulación de capital productivo en todas sus formas. La mayormente equitativa distribución del poder económico entre la población reforzaría una mayor participación democrática. Estas solo son algunos de los inevitables resultados positivos de un sistema económico que reconoce y resguarda la soberanía comunal sobre la tierra nacional y el derecho individual a la propiedad privada del trabajo y capital.

Ahora, Uds. los lectores ya están informados sobre la verdadera causa de la crisis socioeconómica de Nicaragua, y sobre el remedio de reclamar los derechos de soberanía y derechos humanos al mismo tiempo. Ahora, es su responsabilidad tomar la acción necesaria para usar esta información para abolir la verdadera corrupción a sus raíces y establecer la base de una verdadera democracia aquí en Nicaragua. A no intentarlo, no tienen ningún derecho moral de quejarse, ni para pedir ayuda de los otros países. Informado de la verdad, Uds. tienen poder y ya no son víctimas ingenuas, sino son responsables por su destino. Así que es su obligación tomar acción para defender su soberanía. Así es la democracia.

(este artículo publicado en El Nuevo Diario, el 12 de Junio 2002)

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