CAPITULO 17

PRUEBA DE LA PROPOSICION
SEGUN LAS NORMAS TRIBUTARIAS

Puesto que toda discusión popular ha de tratar de lo concreto más que de lo abstracto, podemos someter el remedio que he propuesto a la prueba de las normas tributarias admitidas. Haciéndolo así, se podrán ver algunos aspectos incidentales que de otro modo pasarían inadvertidos.

El mejor impuesto por el que se pueden obtener los ingresos públicos es, sin duda, el que satisfaga más plenamente las condiciones siguientes:

  1. Que grave lo menos posible la producción, para impedir lo menos posible el aumento del fondo general del cual hay que pagar los impuestos y mantener la sociedad.
  2. Que su recaudación sea fácil y barata y recaiga tan directamente como se pueda sobre quienes en definitiva lo pagan, para así tomar del pueblo lo menos posible en edición a lo que rinde al gobierno.
  3. Que sea cierto, para dar la mínima ocasión a abusos o sobornos por parte de los funcionarios y la mínima tentación a infracciones y evasiones por parte de los contribuyentes.
  4. Que grave equitativamente, para que a ningún individuo le dé una ventaja o le imponga una desventaja respecto a los demás.

Examinemos qué forma de impuesto cumple mejor estas condiciones. Cualquiera que ella sea, será sin duda el mejor medio para recaudar los ingresos públicos.

Efectos Sobre la Producción

Está bien claro que todos los impuestos han de venir del producto de la tierra y el trabajo, puesto que no hay otra fuente de riqueza que la unión del esfuerzo humano con las materias y fuerzas de la naturaleza. Pero las maneras de imponer igual cantidad de tributo pueden afectar muy diversamente a la producción. Un impuesto que disminuya la recompensa del productor, necesariamente disminuye el estímulo a producir; un impuesto que dependa del acto de la producción o del uso de cualquiera de sus tres factores, indefectiblemente la desalienta. Por esto, los impuestos que disminuyen la ganancia del trabajador o la del capitalista, tienden a hacer al primero menos laborioso e inteligente y al segundo menos dispuesto a ahorrar e invertir capital. Los impuestos que recaen sobre los procesos de la producción, interponen un obstáculo artificial a la creación de riqueza. La tributación que recae sobre el trabajo en la medida en que se ejerce, sobre la riqueza en la medida en que se emplea como capital, sobre la tierra en la medida en que se explota, sin duda tenderá a desalentar la producción mucho más poderosamente que la tributación de igual cuantía que grava a los trabajadores tanto si trabajan como si huelgan, la riqueza tanto si se usa productivamente como si no, o la tierra tanto si se explota como si se deja baldía.

De hecho, la manera de imponer es tan importante como la cuantía misma del impuesto. Asi como una pequeña carga mal colocada puede mortificar a un caballo que podría acarrear con holgura otra mucho mayor bien acomodada, también se puede empobrecer un pueblo y anular su poder productivo, mediante una tributación que, impuesta de otra manera, se soportaría cómodamente. Un tributo sobre las palmeras, ordenado por Mohammed Alí*, indujo a los fellahs egipcios a cortarlas; pero un tributo dos veces mayor cargado sobre la tierra no produjo tal resultado.

Frenar la producción es, en mayor o menor grado, característico de la mayor parte de los impuestos con que los gobiernos actuales obtienen sus ingresos. Todos los impuestos sobre la fabricación, sobre el consumo, sobre el capital, sobre las mejoras, son de esta clase. Su tendencia es la misma que la del tributo de Mohammed Ali sobre las palmeras, aunque su efecto puede verse menos claramente.

A diferencia de los impuestos sobre productos, cambios, capital o cualquiera de los procesos de la producción, los impuestos sobre el valor de la tierra no recaen sobre la producción. El valor da la tierra no expresa la recompensa de la producción, como la expresa el valor de las cosechas, el ganado, los edificios o cualquiera de las cosas llamadas bienes muebles y mejoras. Expresa el valor de cambio del monopolio. Por esto la sociedad puede tomarlo sin disminuir en lo más mínimo la producción de la riqueza. Se puede gravar con impuestos el valor de la tierra hasta que el Estado recaude toda la renta, sin reducir en nada los salarios del trabajo ni el interés del capital; sin aumentar el precio de una sola mercancía ni dificultar en modo alguno la producción.

Es más: los impuestos sobre el valor de la tierra no tan sólo no frenan la producción, como lo hacen la mayoría de los demás impuestos sino que, al anular la renta especulativa, tienden a aumentar la producción. De qué modo la renta especulativa frena la producción, puede verse, no sólo en la tierra valios negada al uso, sino también en los paroxismos de crisis económica, que, originados por el aumento especulativo del valor de la tierra, se propagan por todo el mundo civilizado, paralizando por todas partes la producción. La tributación que tomase la renta para usos públicos evitaría todo esto. Si la tierra tributase hasta casi su valor en renta, nadie podría permitirse tener tierra que no emplease; y por consiguiente, la tierra que no se usa se abriría de par en par a quienes quisieran usarla.

Es indudable que, por lo que respecta a la producción, el impuesto sobre el valor de la tierra es el mejor que puede establecerse. Gravad las fábricas y frenaréis la fabricación, gravad las mejoras, y distminuiréis el mejoramiento; gravad el comercio, y dificultaréis el cambio; gravad el capital, y lo ahuyentaréis, Pero, mediante el impuesto, se puede recaudar todo el valor de la tierra, y el resultado será estimular la laboriosidad, abrir nuevas oportunidades al capital y aumentar la producción de riqueza.

Facilidad y Baratura de la Recaudación

A excepción, quizá, de ciertos permisos y derechos del timbre, que casi pueden hacerse cobrar por sí mismos, pero de los que solo cabe esperar un ingreso trivial, un impuesto sobre el valor de la tierra puede ser, de todos los tributos, el de recaudación más fácil y barata. Porque la tierra no se puede esconder ni llevar lejos, su valor se puede averiguar pronto y, una vez hecha la evaluación, sólo se necesita un cobrador que la recaude.

Un impuesto sobre el valor de la tierra no se carga sobre los precios, y por esto lo paga la persona sobre quien recae, mientras que todos los impuestos sobre cosas cuya cantidad no es fija, aumentan los precios y, en el curso de los cambios, se transfieren del vendedor al comprador, aumentando a cada cambio.

Si ponernos un impuesto sobre los préstamos de dinero, como a menudo se ha intentado, el prestamista cargará el impuesto al prestatario, y éste tendrá que pagarlo o no obtendrá el préstamo. Si el prestatario emplea el dinero en sus negocios, recuperará el impuesto a costa de sus clientes o el negocio no le dará ganancia.

Si ponemos un impuesto sobre los edificios, en definitiva tendrán que pagarlo los inquilinos, pues la construcción cesará hasta que los alquileres sean bastante altos para pagar los beneficios corrientes y además el impuesto.

Si ponemos un impuesto sobre las fábricas o los géneros importados, el fabricante o importador, subiendo los precios, lo cargará al mayorista, éste al detallista y este último al consumidor. Así, el consumidor, sobre el cual, en definitiva recae el impuesto, no sólo ha de pagar el importe del tributo, sino, además, el interés de este importe, a cada uno de quienes lo ha anticipado, pues cada negociante exige el interés del capital adelantado para pagar impuestos, del mismo modo que exige el interés del capital invertido en pagar las mercancías.

De este modo, todos los impuestos que se añaden a los precios, se transfieren de mano en mano, aumentando a cada cambio, hasta que, en definitiva, gravitan sobre los consumidores, y, así, éstos han de pagar mucho más de lo que el gobierno recauda.

Un impuesto sobre la renta de la tierra, aunque obliga a los propietarios a paqarlo, no les da poder para obtener más por el uso de sus tierras. Por el contrario, obligando a quienes retienen tierras para especular, a venderlas o alquilarlas por lo que pueden obtener por ellas, un impuesto sobre el valor de la tierra tiende a aumentar la competencia entre los propietarios y, de este modo, a reducir el precio de la tierra.

Certeza

La exactitud es una importante cualidad de la tributación, porque en la medida en que la recaudación dependa del celo y lealtad de los recaudadores y del civismo y probidad de los contribuyentes, se darán ocasiones a los abusos y sobornos por una parte, y a las evasiones y fraudes por otra.

Son notorias las continuas ocultaciones en las aduanas, la ridícula falsedad de las declaraciones en los impuestos de utilidades, y la absoluta imposibilidad de lograr una justa evaluación de la propiedad mueble. La pérdida material infligida por estos impuestos, el coste que ésta incertidumbre añade a la cantidad que el público paga y el gobierno no recauda, es muy grande. Cuando las costas y fronteras se guarnecen con un ejército que se esfuerza en impedir el contrabando y otro ejército empeñado en burlar a aquél, es claro que el mantenimiento de ambos ejércitos ha de salir del producto del trabajo y capital. Los gastos y provechos de los contrabandistas, así como las pagas de los funcionarios de aduanas, constituyen un impuesto sobre la producción nacional, añadido al que el gobierno recibe. Y lo mismo ocurre con todo el dinero gastado en lograr leyes o decisiones para rehuir la tributación; todas las costosas maneras de proporcionar mercancías eludiendo los impuestos; todo lo que en procedimientos legales y castigos gastan, no sólo el gobierno, sino también los procesados, son otro tanto que estos impuestos toman del fondo general de riqueza sin aumentar los ingresos públicos.

Aún así, esta es la parte mínima del coste. Los impuestos faltos de certeza atacan a la moral de la manera mas espantosa. Las leyes tributarias podrían en bloque llamarse «Disposiciones para fomentar la corrupción de los funcionarios, destruir la honrradez, y estimular el fraude, premiar el perjurio y el soborno y divorciar la idea de la ley de la idea de la justicia». Este es su verdadero carácter, y en esto tienen un éxito admirable.

El impuesto sobre el valor de la tierra posee en su más alto grado la cualidad de la certeza. Se puede determinar y cobrar con una exactitud que participa de la fijeza de la tierra y de la imposibilidad de ocultarla. Si todos los impuestos se cargaran sobre el valor de la tierra separado del de las mejoras, el sistema tributario sería tan sencillo y claro y la atención pública en fijarle tanto en él, que Ia evaluación para el impuesto podría hacerse y se haría con la misma exactitud con que un corredor de fincas determina el precio a que se puede vender un solar.

Equidad

La idea vulgar, que nuestros sistemas de gravarlo todo intentan en vano llevar a cabo, es que cada uno pague en proporción a sus medios o en proporción a sus ingresos. Pero, prescindiendo de las insuperables dificultades prácticas para gravar a cada uno según sus medios, es evidente que asi no se puede lograr la justicia.

Sean, por ejemplo, dos hombres con iguales medios o iguales ingresos, uno con una familia numerosa, y otro que no ha de mantener a nadie más que a sí mismo. Los impuestos indirectos recaen muy desigualmente sobre estos hombres, pues el uno no puede evitar los impuestos sobre la comida, la ropa, etc., que su familia consume, mientras que el otro ha de pagarlos solamente sobre las cosas necesarias consumidas por él mismo. Aun suponiendo los impuestos establecidos directamente, de modo que cada uno pague la misma cantidad, las entradas de uno están cargadas con el sustento de seis, ocho o diez personas; los ingresos del otro con el de una sola persona. Se dirá que esta dificultad es insuperable; que la naturaleza misma trae al mundo desvalidos a todos los seres humanos y deja su manutención a cargo de sus padres, a los cuales proporciona, en cambio, grandes y dulces recompensas naturales. Pues bien, volvámonos a la naturaleza y leamos en su ley los mandatos de la justicia.

La naturaleza da al trabajo y sólo al trabajo. En el mismo Paraíso Terrenal, un hombre se moriría de hambre si no fuera por el esfuerzo humano. Si ahora tomamos a dos hombres con ingresos iguales, procedentes, los de uno, del ejercicio de su trabajo, y los del otro, de la renta de la tierra. ¿Es justo que ambos contribuyan por igual a los gastos del Estado? Claro que no. Los ingresos del primero representan riqueza que él crea y añade a la riqueza total de la sociedad; los ingresos del otro no representan sino riqueza que toma del caudal general, sin devolver nada. El derecho del primero a disfrutar de sus ingresos se funda en la autoridad de la naturaleza, que recompensa el trabajo con la riqueza. El derecho del otro a disfrutar de sus ingresos es un derecho falso, fruto de una disposición administrativa que la naturaleza no conoce ni reconoce. El padre a quien digan que con su trabajo debe sustentar a sus hijos, ha de admitirlo, pues éste es el decreto natural; pero puede exigir con justicia que, de lo que gane con su trabajo, no se le quite ni un céntimo, mientras quede un céntimo de los ingresos adquiridos por el monopolio de los bienes que la naturaleza ofrece imparcialmente a todos y en los que sus hijos, por derecho de nacimiento, tienen igual participación.

Se suele insistir en gravar por un igual toda clase de propiedad, fundándose en que toda la propiedad está igualmente protegida por el Estado. Esta idea se funda, sin duda, en que el Estado hace posible el disfrute de la propiedad; que hay un valor creado y mantenido por la sociedad, que está precisamente llamado a cubrir sus gastos. Ahora bien, ¿de qué valores es verdad esto? Solamente del valor de la tierra. Este no aparece hasta que se ha formado la sociedad; y, a diferencia de los demás valores, aumenta con el crecimiento de la sociedad. Existe solamente mientras ésta existe. Dispersad la colectividad, más numerosa, y la tierra ahora tan valiosa no tendrá absolutamente ningún valor. Con cada aumento de población, el valor de la tierra sube; con cada disminución, baja. Esto sucede solamente con todo lo que, como la propiedad de la tierra, es un monopolio por naturaleza.

El impuesto sobre los valores de la tierra recae sobre quienes reciben de la sociedad un beneficio especial, y los grava en proporción al beneficio que reciben. Consiste en que la sociedad tome, para uso de la sociedad, el valor creado por la sociedad. Es la aplicación de la propiedad común a usos comunes. Cuando el impuesto recaude toda la renta de la tierra para pagar los gastos necesarios de la colectividad, ningún individuo tendrá ventaja alguna sobre ningún otro, excepto las que le den su laboriosidad, destreza e inteligencia propias; y cada uno obtendrá lo que honradamente gane.

CAPITULO 18

APOYOS Y OBJECIONES

Los fundamentos de donde concluimos que el impuesto sobre el valor o renta de la tierra es el mejor método para obtener ingresos públicos, han sido tácita o expresamente admitidos por todos los economistas de mérito, desde que se determinó la índole y la ley de la renta.

Ricardo(1) dice: «Un impuesto sobre la renta afectaría solamente a la renta; recaería por completo sobre los propietarios y no se podría cargar sobre ninguna clase de consumidores» porque «dejaría inalterada la diferencia entre el producto obtenido de la tierra menos productiva entre las cultivadas y el obtenido de tierra de cualquier otra calidad... Un impuesto sobre la renta no desalentaría el cultivo de tierra nueva, pues esta tierra no paga renta y quedaría libre de impuestos».

McCulloch(2) declara que «desde un punto de vista práctico, los impuestos sobre la renta de la tierra figuran entre los más injustos e impolíticos que se puedan imaginar», pero afirma esto fundándose sólo en su suposición de que, en un país viejo y con muchas mejoras, es prácticamente imposible dividir el provecho en sus componentes o distinguir entre la suma pagada por el uso del suelo y la suma pagada por el capital invertido en él. Por otra parte, afirma que, si se efectuase esta distinción, «la suma pagada a los propietarios por el uso de los poderes naturales del suelo le podría sacar por completo mediante un impuesto, sin que aquéllos pudieran cargar sobre nadie más ninguna porción del gravamen» y sin afectar al precio del producto.

En efecto: que la renta debería ser objeto especial de la tributación, por razones de conveniencia y de justicia, está implícito en la admitida doctrina de la renta y se puede hallar en embrión en las obras de todos los economistas que han aceptado la ley de Ricardo. Que estos principios no se hayan llevado hasta sus ineludibles conclusiones, sin duda provienen del deseo de no amenazar ni ofender los enormes intereses implicados en la propiedad particular de la tierra, y también se debe a las falsas teorías que, respecto al salario y a la causa de la pobreza, han dominado en las ideas económicas.

Los Fisiócratas Franceses

Sin embargo, ha habido una escuela de economistas(3) que comprendieron claramente lo que es evidente para las percepciones naturales del hombre no ofuscadas por la costumbre, a saber, que la renta de la propiedad común, la tierra ha de ser incautada para el servicio de todos. Como que conozco las doctrinas de Quesnay* y sus discípulos solamente de segunda mano, por mediación de los escritores ingleses, no puedo decir hasta que punto sus ideas especiales respecto a que la agricultura sea la única ocupación productiva, etc., son concepciones erróneas o meras peculiaridades terminológicas. Pero si estoy seguro, por la proposición que daba cima a su teoría, que Quesnay vio la relación fundamental entre la tierra y el trabajo, más tarde olvidada, y que llegó a la verdad práctica, aunque quizás a través de un raciocinio mal expresado. Los fisiócratas no explicaban las causas que dejan un «producto neto» a los propietarios mejor que la succión de la bomba de agua se explicaba atribuyendo a la naturaleza el horror al vacío. Pero se reconoció el hecho en sus relaciones prácticas con la economía social y ellos vieron con igual claridad el bien que resultaría de la perfecta libertad otorgada a la producción y al comercio al poner un impuesto sobre la renta en substitución de las cargas que estorban y desvían la aplicación del trabajo. Una de las cosas más lamentables de la Revolución Francesa es que ahogó las ideas de los fisiócratas precisamente cuando ganaban fuerza entre las clases pensadoras y, al parecer, iban a influir en la legislación tributaria.

Separación del Valor de la Tierra

La única objeción al impuesto sobre el valor de la tierra, que se encuentra en las obras de Economía Política reconoce sus ventajas. Dice que, por la dificultad de separar el valor de la tierra del valor de las mejoras, al gravar la renta de la tierra, podemos gravar otras cosas. McCulloch, por ejemplo, declara que los impuestos sobre la renta de la tierra son impolíticos e injustos, porque el producto recibido por los poderes naturales e inherentes no puede distinguirse claramente del producto de los perfeccionamientos y mejoras, lo cual desalentaría éstas. Si se desanima la producción al gravar valores que el trabajo y el capital han confundido íntimamente con al valor de la tierra, ¿cuánto mayor desaliento no implica el gravar, no solo éstos, sino todos los valores claramente separables creados por el trabajo y el capital? (4)

Pero, de hecho, el valor de la tierra siempre se puede distinguir del valor de las mejoras. En paises como los Estados Unidos hay mucha tierra valiosa que nunca se ha mejorado; y en muchos de los Estados, los tasadores suelen evaluar por separado la tierra y las mejoras, aunque luego las agrupan con el nombre de bienes raíces. A menudo la tierra pertenece a una persona y las construcciones a otra. Y cuando hay un incendio y las mejoras quedan destruidas, le queda a la tierra un valor perfectamente definido. En el país más antiguo del mundo, esta valoración no ofrece dificultad, si todo lo que se intenta es separar el valor de las mejoras claramente distinguibles, hechas dentro de un moderado período de tiempo, del valor que tendría la tierra si éstas fuesen destruidas. Esto es, ciertamente, todo lo que la justicia o la política requieren. La exactitud absoluta es imposible en cualquier sistema y pretender separar de todo lo hecho por la raza humana, todos los dones originales de la naturaleza, sería tan absurdo como impracticable. Un pantano desecado o una colina terraplenada por los romanos constituye ahora para las Islas Británicas una ventaja tan natural como si fueran obra de un terremoto o un glaciar. El hecho de que, pasado un cierto tiempo, el valor de estas mejoras permanentes se considere incorporado al de la tierra y según esto pague impuesto, no puede tener un efecto desalentador sobre dichas mejoras. Lo cierto es que cada generación construye y mejora para sí misma y no para el remoto porvenir.

Actitud de las Partes Interesadas

Se puede, sin embargo, preguntar: si el impuesto sobre el valor de la tierra es un sistema tributario tan ventajoso, ¿por qué todos los gobiernos recurren de preferencia a tantos otros impuestos?

La respuesta es obvia: el impuesto sobre el valor de la tierra recae sobre los propietarios y no hay manera de que ellos puedan cargarlo a los demás. De aquí que una clase extensa y poderosa esté directamente interesada en subyugar el impuesto sobre el valor de la tierra y, como medio para obtener los ingresos públicos necesarios, substituirlo, con impuestos sobre otras cosas, del mismo modo que, en el siglo XVIII, los terratenientes ingleses lograron establecer sobre las bebidas un tributo que receía sobre todos los consumidores, en vez de los tributos por tenencia feudal, que únicamente recaían sobre ellos.

Hay, pues, un interés definito y poderoso contrario al impuesto sobre el valor de la tierra. Pero los otros impuestos, en los que tanto confían los gobernantes modernos, ho hallan especial oposición. Los hombres de estado se han ingeniado en discurrir sistemas de impuestos que exprimen los salarios del trabajo y el interés del capital. Casi todos estos impuestos los paga en definitiva el consumidor; y los paga de un modo que no le llama la atención sobre el hecho; los paga en porciones tan pequeñas y de maneras tan insidiosas que no lo advierte y no es probable que se tome la molestia de protestar eficazmente. Los que pagan el dinero directamente al recaudador, no sólo no tienen empeño en oponerse a impuestos que tan fácilmente se descargan de sus propios hombros, sino que, muy a menudo, están interesados en que se impongan y subsistan, como lo están otros que se aprovechan o esperan aprovecharse del aumento de precios causado por dichos impuestos. Los impuestos por los permisos hallan el apoyo de aquéllos a quienes se cargan, porque tienden a impedir que otros entren en el negocio. Con frecuencia, los impuestos sobre la fabricación son gratos a los grandes fabricantes, por análogas razones. Los derechos de aduanas de la importación, no sólo tienden a dar ventajas especiales a ciertos productores, sino que aumentan los beneficios de los importadores o traficantes que dispongan de grandes existencias. Y así, para todos estos impuestos hay intereses particulares, capaces de organizarse pronto y actuar de acuerdo, que favorecen la imposición de los mismos, mientras que, ante un impuesto sobre el valor de la tierra, hay un interés fuerte y susceptible, dispuesto a oponérsele con rudeza y tesón.

(1) Principios de Economia Política Y tributación, capitulo 10.

(2) Nota n.- 24 de las «Notas y disertaciones suplementarias» en su edición de 1838 de La Riqueza de las Naciones, de Adam Smith.

(3) Los Economistas franceses (Fisiócratas*) del siglo XVIII.

(4) Esta pretendida dificultad solamente puede aplicarse al gasto en mejoras, tales como abonos, drenajes, explanaciones, terraplenes y puesta en cultivo, que se confunden con la tierra y, por lo tanto, no las admite fácilmente el tasador encargado de señalar, el valor que la tierra tendría en el supuesto de no haber ninguna construcción ni mejora sobre ella o en ella. Eximir las mejoras que se incorporan a la tierra es lo habitual en la legislación de varios paises en que ya se aplica en cierto grado el impuesto sobre el valor de la tierra. Por ejemplo, en Dinamarca se ordena esta exención, previa prueba del gasto efectuado, marcándose, no obstante, un plazo de treinta años, después del cual se considera que el gasto ya ha sido recuperado. De efecto análogo son las disposiciones de la ley británica por las cuales, al transferirse o venderse tierra agrícola, se indemniza a sus ocupantes por el valor que queda de las mejoras hechas a su cargo mientras la ocupaban. A.W.M.


Continuar al proximo capítuloMapa del Sitio
DefiniciónesPoblaciónCapitalRenta
Bonanza-QuiebraEl Remedio